13 Mar Regulación del consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.
¿Entre el retroceso y la innovación?
Comunicado
Los abajo firmantes observamos con preocupación que, hasta la fecha, más de 30 decretos y acuerdos expedidos incumplen las directrices establecidas por la Corte Constitucional y el protocolo del Ministerio de Justicia. Estas medidas representan un retroceso significativo en términos de garantías y derechos.Por ejemplo, varios de estos decretos sancionan el porte de la dosis personal o el uso medicado, mientras que otros imponen restricciones absolutas en horarios (24/7) y espacios, abarcando prácticamente la totalidad del territorio. Esta clase de regulaciones no solo discriminan y segregan a las personas consumidoras, relegándolas a horarios de madrugada o a zonas periféricas de los municipios, sino que también carecen de medidas efectivas de prevención y salud pública, limitándose únicamente a imponer sanciones y multas como mecanismo de control, entre otros aspectos[1].
Tanto la sentencia C-127 de 2023 como el protocolo fueron contundentes al establecer que estas regulaciones deben salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de respetar los derechos fundamentales de las personas consumidoras. Estas regulaciones deben guiarse por criterios de razonabilidad y proporcionalidad que orienten las acciones policiales y garanticen el debido proceso. La Corte también dejó claro que no se puede sancionar el porte de drogas para consumo personal, ni se pueden imponer prohibiciones absolutas. Asimismo, se debe diferenciar claramente entre las actividades de tráfico y consumo, entre otros aspectos que deben tenerse en cuenta para que estas regulaciones se ajusten a la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
Somos conscientes de los altos costos sociales y de convivencia que conlleva la implementación de restricciones y sanciones que atentan contra derechos y garantías ya protegidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Observamos con preocupación como la falta de capacidad técnica, la orientación ideológica y el desconocimiento de las sentencias están generando un escenario caótico que, eventualmente, desembocará en abusos y violencia contra las personas consumidoras, exacerbando las tensiones y los conflictos entre comunidades, Fuerza Pública y los jóvenes.
A pesar de este panorama desalentador, creemos que estas regulaciones representan una oportunidad para innovar en materia de políticas de drogas. Esto requiere un proceso de concertación con todas las partes interesadas, evitando retroceder y repetir los errores del pasado, que han estado marcados por la violencia de la guerra contra las drogas.
Por estas razones, hacemos un llamado urgente a las autoridades locales y al Ministerio de Justicia para que cumplan con el mandato de la Corte Constitucional. Esto implica que las regulaciones se apeguen al contenido de la sentencia, se rijan por el protocolo y otras normas pertinentes, para evitar errores como basar las sanciones en normativas ya derogadas o penalizar el porte de sustancias.
Solicitamos a los Concejos Municipales que ejerzan su responsabilidad en el marco del llamado de la Corte para regular de manera justa y sin abusos, con una amplia participación ciudadana. A la Fuerza Pública, le instamos a actuar con mesura, siempre con el propósito de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como garantizar los derechos fundamentales de las personas consumidoras. A las personas consumidoras, las invitamos a actuar con prudencia, evitando confrontaciones y siendo vigilantes de la implementación de las regulaciones, tomando nota de posibles violaciones a sus derechos y reportándolas debidamente.
Consideramos que esta es una oportunidad para promover enfoques no coercitivos y no violentos hacia el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Por lo tanto, el diálogo, la participación y la concertación entre la comunidad, la Fuerza Pública, las instituciones, las organizaciones sociales y las personas consumidoras serán claves para plantear una forma diferente de abordar el fenómeno de las drogas. El consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público no debería ser sancionado per se, sino únicamente cuando afecta la convivencia y la seguridad, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional. Invitamos a implementar pilotos locales de regulación y a iniciar la discusión sobre clubes cannábicos, zonas y espacios de consumo tolerado de carácter público y privado.
[1] En el mes de abril del año 2023, la Corte Constitucional mediante sentencia C-127 de 2023, le ordenó a las autoridades locales establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar, para regular el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. A su vez, la Corte le encargó al Gobierno Nacional la expedición de unos lineamientos que guíen estas regulaciones, conocidos como “protocolo” , el cual se dio a conocer en los primeros días del presente año. Cabe recordar que esta decisión se basa en la sentencia C-253-19, que declaró inconstitucionales las restricciones absolutas al consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.