Prólogo

Solemos juzgar los actos de las demás personas por las experiencias vividas por cada cual, pero la diversidad es tan grande como personas hay en el mundo; un mundo de desentendimiento y de contraposiciones, que a menudo no tiene en cuenta toda la gama de grises existente entre el blanco y el negro. Abordar los fenómenos sociales desde las soluciones mágicas, populistas, sin base científica o desde las respuestas punitivas es ahondar en un mundo sin empatía con la diferencia, con las personas que sufren la exclusión social o procesos de marginalidad como es el caso de muchas personas con problemas derivados del consumo de drogas.

A pesar de que el fenómeno de las drogas se nos presenta a menudo como una problemática contemporánea, su uso data desde los inicios de la humanidad. Esta relación ha adoptado diferentes formas y ha estado integrada en la vida cotidiana de diferentes maneras. La diferencia es que en una sociedad global y de consumo, las drogas han pasado a ser el producto por excelencia. Aceptar esta realidad de antemano, y que las políticas contra las drogas no han dado el resultado esperado, nos evitaría muchos problemas.

Al margen de los imaginarios colectivos que establecen las propias fronteras de lo que se considera o no una “droga” (a menudo en términos dicotómicos basados en la “legalidad o ilegalidad”, lo “natural o sintético”, etc.) consideramos que una droga es cualquier sustancia natural o sintética que, al ser consumida, altera el estado de ánimo, percepción y/o conducta. Así pues, una droga es una sustancia que por ella misma no puede considerarse ni “buena” ni “mala”, sino que es la manera de vincularse con las drogas la que nos llevará a hablar de riesgos y daños a las personas consumidoras. Podemos decir que se está produciendo una dependencia cuando hay un aumento cuantitativo y cualitativo de consumo, hasta el punto que no existe un proyecto de vida independiente al consumo. 

En el ámbito de la intervención, las entidades del tercer sector trabajamos específicamente la línea de la reducción de la demanda, es decir, las acciones sanitarias y sociales que tienen como objetivo la prevención, la reducción de daños, el trata-miento o la reinserción social. Sin embargo, no podemos desestimar las graves consecuencias derivadas de las políticas penales en la lucha contra las drogas y, especialmente, contra las personas que las consumen, ya que su endurecimiento progresivo sobre las personas más vulnerables, la criminalización de la pobreza y la prisión como solución a los problemas sociales son los daños colaterales de una intervención penal que requiere de muchos replanteamientos. 

Las políticas públicas en ambas líneas deben servir para buscar estrategias que equilibren desigualdades, faciliten la calidad de vida y de convivencia de todas las personas. Es por esto que los equipos políticos y técnicos de los gobiernos y de las diferentes administraciones deben dotarse de formación, de conocimiento y contenido que les ayuden a defender y poner en práctica políticas públicas, servicios y programas imprescindibles para la salud y el bienestar colectivo, a pesar de que por novedosos, por desconocimiento o por miedo puedan recibir críticas o deban afrontar dificultades en su implementación.

Dada la complejidad del consumo de drogas, durante los últimos 60 años un gran número de metodologías de intervención se han puesto en práctica y se han evaluado extensamente en diferentes contextos sociales y culturales. No todas ellas se han fundamentado en la atención integral de la persona, ni en el posicionamiento de salud pública, ni en el respeto a los derechos humanos, ni en el principio fundamental de la libre elección personal a la hora de ingresar o no en un programa de tratamien-to. Sin embargo, hoy en día, en algunos países se siguen aplicando sistemas de castigo y reclusión basados en una concepción delictiva del consumo y, por tanto, en el control policial como método básico de abordaje. 

En este escenario, la propuesta de reducción de daños es un enfoque que se viene desarrollando en las políticas de drogas a nivel mundial desde hace varias décadas y que, en los últimos años, ha tomado mayor fuerza, tanto en la política internacional como en políticas locales. Se trata de un enfoque pragmático y humanitario orientado a la disminución de los daños personales y sociales asociados al consumo de drogas, llegar al que no llega y, desde su realidad, iniciar y acompañar en su proceso de intervención. Los programas de reducción de daños son complementarios a los programas libres de drogas. Simplemente reconocen que para muchas personas que usan drogas son objetivos lejanos, impensables y, por lo tanto, lo que pretenden es contactar con esta población desde la realidad de su situación y sus posibilidades para iniciar un proceso que puede acabar en programas libre de drogas o, al menos, en mejorar su calidad de vida, reduciendo los daños y riesgos para sí mismas y para la sociedad, y evitar que se convierta en un problema de salud pública. 

En la reciente historia, el consumo de drogas llegó a ser la primera causa de muerte en España entre la juventud de las grandes ciudades a principios de los años noventa. Si bien se contaba con una red articulada de servicios específicos para el tratamiento de las adicciones (servicios hospitalarios, ambulatorios, comunidades terapéuticas, pisos de inserción, etc.), el abordaje a través de los tratamientos orientados únicamente a la abstinencia resultó ser insuficiente e ineficaz para las personas con mayores dificultades.

Los programas de reducción de daños fueron la principal alternativa y permitie-ron el trabajo con la persona consumidora más allá de su consumo dando paso al abordaje simultáneo de las distintas problemáticas judiciales, familiares y carencias económicas, de vivienda, etc. A menudo, la visión sanitarista de las drogodepen-dencias ha dejado el desarrollo de los abordajes educativos y sociales en una segunda línea, en muchos casos supeditados a la superación de la adicción. Esta lógica ha excluido justamente a la población que más lo necesita y, que por largos procesos de marginalidad, difícilmente se vinculan a los recursos especializados para abordar las problemáticas judiciales, sociales, mentales o económicas que arrastran.

Los programas de reducción del daño se entienden como todas aquellas “políticas, programas y prácticas orientadas principalmente a reducir las consecuencias adversas sanitarias, sociales y económicas derivadas del consumo de drogas psicoactivas legales e ilegales, sin abandonar necesariamente el consumo de drogas” (Reducción de Daños Internacional -HRI-, 2018). Es un concepto que engloba tanto a la salud pública como a los derechos humanos, una estrategia fuertemente arraigada en el humanitarismo que rechaza todo tipo de discriminación, estereotipo y estigmatización de las personas que usan drogas. 

La evaluación de los servicios de reducción de daños ha sido exhaustiva y su implantación se fundamenta en pruebas empíricas que responden a una muy buena relación coste-eficacia en aspectos tan capitales como la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sanguínea o el acceso a la atención de la salud de la población en consumo activo. Es pues un abordaje que garantiza no solo un impacto probado en la persona consumidora, sino también en su familia/entorno próximo y en la comunidad en general.

En el informe elaborado por la RIOD e Intercambios Asociación Civil, como representantes de la región de América Latina y el Caribe en el Civil Society Task Force para la UNGASS 2016, ya se planteaba que los objetivos de las políticas de drogas deberían centrarse en una atención integral que incluyese medidas de reducción de riesgos y daños basadas en la evidencia, siendo para ello necesario que los Estados reorientasen sus prioridades y llevasen a cabo una redistribución de la inversión. En relación a esto último, preocupan especialmente los datos presentados en el informe Harm Reduction International’s Global State of Harm Reduction (2016), donde se muestra cómo desde 2014 no ha habido ningún aumento del número de países que implementan programas de reducción de daños, al tiempo que advierte que si continúa sin abordarse el retroceso de la financiación de este tipo de servicios, será inevitable que se produzcan nuevos repuntes en las infecciones por el VIH y la hepatitis C entre las personas usuarias de drogas.

Aquellos países que han incorporado el enfoque de reducción de riesgos y daños en sus políticas nacionales han experimentado la posibilidad de implementar aproximaciones innovadoras y complementarias a las ya existentes. Por otro lado, los resultados obtenidos permiten asegurar la legitimidad que tienen las intervenciones basadas en el enfoque de reducción de riesgos y daños, ya que existe amplia evidencia de su efectividad e impacto en la salud y calidad de vida de las personas. Asimismo, además del reconocimiento que ha otorgado el vasto consenso científico, la reducción de daños también cuenta con el apoyo de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

De forma aclaratoria, hablamos de prevención de riesgos cuando hacemos programas de prevención con población que está en un entorno de consumo con riesgo de iniciar o haciendo uso en lugares de ocio nocturno, con gran riesgo hacia la adicción, y/o daños colaterales por su mal uso. Tanto con los programas de intervención y tratamien-to en población en situación de marginalidad, como los programas de prevención con población joven integrada, lo que pretenden es reducir riesgos y daños hacia la persona y hacia la comunidad. No obstante, en muchas partes del mundo todavía existe un débil desarrollo, comprensión, cuando no rechazo, de las políticas y abordajes en reducción de riesgos y daños, aun cuando la realidad que están experimentando precisa de este tipo de prácticas. Por tanto, lo que se pretende con esta Guía es transferir conocimiento entre fronteras, poniendo en valor nuestra experiencia. 

No se pretende replicar experiencias, sabemos que los contextos sociales y políticos en cada territorio son diferentes y hay que adecuarse a ellos cuando se quieren implementar programas y metodologías de intervención experimentadas en otros territorios, pero la reflexión conjunta puede ser útil para toda la sociedad. 

Felisa Pérez Antón 

Vicepresidenta de RIOD

referencias

Harm Reduction International. (2018). What is harm reduction? Recuperado de: https://www.hri.global/what-is-harm-reduction.

Harm Reduction International. (2016). Global State of Harm Reduction. Recuperado de: https://www.hri.global/global-state-of-harm-reduction-reports.

RIOD y Asociación Civil Intercambios. (2015). Aportes de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para UNGASS 2016. Recuperado de: https://riod.org/ aportes-de-la-sociedad-civil-de-america-latina-y-el-caribe-para-ungass-2016/.

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