15 Ene Las deudas de la política de drogas en Bogotá y otras zonas del país

En 2015 Bogotá se posicionaba a la vanguardia nacional y latinoamericana en la manera de abordar la política de drogas hasta que llegó la administración de Peñalosa y la retrocedió cerca de 30 años, desconociendo un proceso de más de 15 años que no era de la anterior administración a él, sino de la ciudad. Estas son las deudas con los ciudadanos de Bogotá que podrían aplicar a otras zonas del país.

Los avances en materia de política de drogas que destruyó Enrique Peñalosa[1]para borrar la obra de Petro le hicieron un gran daño a la ciudad, no porque Gustavo Petro fuera una lumbrera que puso en marcha ideas que sacó de su sombrero mágico, sino porque eran propuestas que respondían a un proceso de ciudad que venía desde Luis Eduardo Garzón, que impulsó la primera política pública sobre el tema de drogas, política que luego firmó Clara López (decreto 691 de 2011) y que implementó Petro, alineado con la Política Nacional de Prevención del Consumo de 2007 y las tendencias mundiales de reforma de políticas de drogas con enfoque de salud pública, basadas en la evidencia, participativas y con respeto por los derechos humanos.

Por eso, aunque a la mitad de su administración, Peñalosa revivió la extensión horaria  y el proyecto de consumo responsable de alcohol en zonas de rumba, que había cerrado por venir de la administración anterior, ya el daño estaba hecho, los procesos se habían cortado, la confianza de las personas y los empresarios se había perdido.

Por este y otros ejemplos que vienen a continuación queremos exponer el daño que causa la politización de la salud pública y cómo se cercenan procesos por la decisión ideológica y fanática de un pequeño grupo de personas que va en contra de la tendencia mundial de cambio.

La lista es larga

• Haber perdido el liderazgo regional y nacional en innovar en materia de política de drogas. Volvimos a la intención del tratamiento obligatorio, todo consumo como una enfermedad, la abstinencia como única solución, y sin hablar de la persecución a los consumidores, entre otras.
• Atomizaron la distribución y consumo de drogas por los barrios de la ciudad, después de la desafortunada intervención del Bronx.
• Los programas de atención al consumo de drogas a habitantes de calle solo contemplan la abstinencia como única opción, “Ángeles Azules”y hasta querían obligarlos a entrar a tratamiento a la fuerza.
• Cerraron los CAMAD que eran centros de atención humanitaria en reducción de riesgos y daños para habitantes de calle, reconocidos como experiencia exitosa e innovadora por el BID.
• Haber cerrado el programa de extensión horaria en la rumba y programas de Consumo Responsable de Alcohol, que luego abrieron con el nombre de “Sello Seguro”y “Farra en la Buena”cortando procesos, perdiendo confianzas, aumentando requisitos y reconociendo el error de haberlos cerrado.
• Haber engavetado la guía para la atención del consumo de sustancias psicoactivas en el ambiente escolar “Cambiando el foco” , que estaba en todos los colegios públicos de Bogotá y en su lugar, haber mandado perros para asustar a los estudiantes como estrategia de prevención.
• Haber eliminado los proyectos de reducción de riesgos y daños en los festivales al parque y festivales locales.
• Haber eliminado los programas de acceso a material higiénico de inyección para personas que usan drogas inyectadas. Tener los peores indicadores nacionales en la derivación y atención a personas que se inyectan drogas con VIH y hepatitis.
• Cortar los avances en materia de reducción de daños y tratamientos alternativos para el consumo de basuco y lo poco que se avanzo fue discreto y a escondidas.
• Crear una plataforma de internet para infundir miedo, de la que nadie recuerda su nombre y que no tiene proceso comunitario o acciones cara a cara con las personas.
• Haberle bajado el perfil al Comité Distrital de Estupefacientes que en cabeza de la Secretaria de Seguridad que desarticuló el trabajo distrital.
• Contratar una encuestadora de campañas políticas para hacer un estudio cualitativo de consumo de heroína y luego sus empleados buscar a los pares comunitarios para que les hicieran la tarea.
• Liderar desde Asocapitales a nivel nacional decretos de persecución a los ciudadanos consumidores de sustancias psicoactivas legales e ilegales.
• Oponerse al tratamiento penal diferenciado a los delitos de drogas en el marco de la implementación de los acuerdos de paz.
• Engavetar los protocolos de la Secretaria de Salud de propuestas alternativas de tratamiento al consumo basuco con el uso de cannabis.
• Persecución a los consumidores y activistas cannabicos en sus marchas y actividades y no reconocerlos como comunidad.
• Se abandonó el trabajo con la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y las organizaciones juveniles para la implementación de política de drogas, todo se dejó en manos de “expertos en salud mental”.
• Se abandonó la innovación, la actualización en conocimientos,  el intercambio de experiencias y la investigación como políticas institucionales en materia de política de drogas.
• Abandonar los lineamientos para la creación de las primeras salas de consumo supervisado o zonas de consumo regulado.
• Haber reducido un día al festival Hip Hop al Parque para bajar los indicadores de violencias -sin lograrlo- y no hacer programas de prevención o activar los Crew de Paz.
• Pese a toda la plata que se gastó la administración de Peñalosa en publicidad en televisión y redes sociales, no hubo ninguna enfocada en prevención del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas a nivel Distrtal.

Como saben acompañamos muchas de estas iniciativas y conocemos el proceso de primera mano, en las pasadas elecciones una de las principales banderas con las que Miguel Turbay quería infundir miedo a los bogotanos y pagó costosas vallas publicitarias, fue la persecución a los consumidores de sustancias en los parques, (con el pretexto de proteger a los niños y niñas). La ciudadanía no solo votó en contra de Peñalosa, sino por dejar atrás estas acciones de persecución que han demostrado su fracaso.

Este resultado electoral debe ser un claro llamado para que la nueva administración de Bogotá no solamente supla la deuda que le dejó la administración anterior, sino para que siente las bases de una política pública que no esté a merced de las ideologías y los odios entre los políticos, sino al servicio de la salud pública y la evolución de los ciudadanos.

[1]Destrucciones muy bien ejecutadas por Daniel Mejía como Secretario de Seguridad, Luis Gonzalo Morales como Secretario de Salud y Miguel Turbay como Secretario de Gobierno.

*Foto tomada de Revista Semana