11 Ago CINCO AMENAZAS PARA LA REFORMA DE POLÍTICA DE DROGAS QUE QUIERE PETRO.
Por: Acción Técnica Social
Poner fin a la guerra contra las drogas como lo propone Gustavo Petro implica un cambio en el ADN prohibicionista que está muy bien enquistado en el sistema judicial, político, de seguridad y de salud. Estas reformas se enfrentan a una burocracia prohibicionista atornillada, un enfoque netamente salubrista, los egos de los políticos y el temor a la crítica para crecer e innovar. Junto a esto, el empalme previo no fue un buen primer paso.
Todos los interesados en la reforma de política de drogas recibimos como una agradable sorpresa que el presidente Gustavo Petro lo hubiera mencionado claro y de primero en su discurso de posesión el pasado 7 de agosto. Con el tiempo, el presidente ha venido perdiendo el miedo a convocar una reforma mundial de la política de drogas, a tomar el liderazgo y abordar la regulación del mercado de la cocaína, que, sin decirlo de manera explícita, es a lo que está llamando con la regulación de las drogas, el diálogo con los grupos armados organizados y el sometimiento de los grupos narcotraficantes bajo el nombre de “La Paz Total”
La propuesta sobre drogas de Gustavo Petro en campaña se alimentó de varias fuentes: de su experiencia en la alcaldía de Bogotá implementando el enfoque de reducción de daños; de sus intervenciones como Senador de la República en los proyectos de ley sobre regulación de la marihuana y la cocaína; de los compromisos del Acuerdo de Paz; de la tendencia internacional de reforma en política de drogas; del llamado del diálogo desde las regiones y de la apertura a las propuestas de los centros de pensamiento, la academia, la sociedad civil, los campesinos, las comunidades étnicas y el activismo por nuevos abordajes.
Esta reforma que está en marcha siempre ha tenido los mismos obstáculos políticos por parte de los prohibicionistas, que – desde la moral o el desconocimiento – no reconocen el contexto de política nacional e internacional que estamos viviendo; instrumentalizan los derechos los niños y niñas para violar derechos de los adultos; desconocen que el Estado es capaz de regular sustancias peligrosas y profetizan la catástrofe de la sociedad. Sin embargo, a la hora de implementar estas reformas, hay amenazas mucho más concretas que el nuevo gobierno debe empezar a afrontar para que estos cambios sean posibles.
Para nosotros estas son las cinco principales amenazas a las que se enfrentan las reformas de Gustavo Petro y Francia Márquez en materia de política de drogas en el corto plazo:
1. La burocracia prohibicionista atornillada
En el Ministerio de Justicia y especialmente en el Ministerio de Salud durante la época de Iván Duque se logró atornillar la burocracia del prohibicionismo que no ha dejado que en Colombia avancen las reformas. Además, es la que viene dando línea a los municipios y departamentos en materia de drogas; para esta burocracia todas las personas que consumen sustancias psicoactivas son enfermas pues todos tienen “trastornos por consumo de sustancias psicoactivas”. Esto sin adentrarnos en los oscuros mundos de la fuerza pública, cuya mayoría no solo son conservadores prohibicionistas, sino que además muchos de ellos viven el trauma que les ha dejado vivir en cuerpo propio las consecuencias de la guerra contra las drogas: heridas, mutilaciones, familias rotas, amigos muertos, etc. Es importante que ellos entiendan que también son víctimas de la guerra contra las drogas, pues fueron engañados con el paradigma del prohibicionismo como estrategia de intervención la cual ha fracasado.
La mayoría de esa burocracia sigue pensando que el problema es de las drogas y no de la prohibición; están seguros que los malos son los narcotraficantes y no los políticos que los han creado retrasando la regulación de los mercados; y se aferran a la idea de ser “salvadores” al pensar que todas las personas que consumen sustancias tienen problemas y necesitan tratamiento. Son muy pocas las personas que han cambiado de parecer de manera sincera. Muchos, como bien lo saben hacer, dirán que quieren escuchar para aprender y navegarán sutilmente entre aprobaciones, elogios y silencios, pero en el fondo no van a cambiar de parecer y morirán con las botas del prohibicionismo puestas haciendo que los cambios no avancen.
La academia y la sociedad civil saben que la guerra contra las drogas fracasó y urge un cambio, los políticos lo saben; el gobierno propuso el cambio y el pueblo que votó por él lo tienen claro, pero mientras no haya un radical cambio en la burocracia prohibicionista del Estado, las reformas en política de drogas no avanzarán, siempre dirán “no es posible”, “la ley no lo permite”, “no existen lineamientos” y corremos el riesgo que – frente al desconocimiento técnico de muchos políticos que por el solo hecho de ser de izquierda llegan a gobernar – hasta retrocedamos lo que hemos ganado. Petro lo dijo claramente, hay que incorporar a los jóvenes en la “segunda línea del cambio” que son los viceministerios y las entidades públicas.
2. La enfermedad como enfoque para abordar las drogas.
Los médicos, toxicólogos, psicólogos, psiquiatras y similares de las ciencias de la salud física y mental, han perdido el monopolio de la interpretación del fenómeno de las drogas en los últimos años, ellos son el brazo medicalizante y patologizador del “problema de las drogas”, son “el prohibicionismo con bata blanca” que se ha encargado de interpretar y describir el consumo de las sustancias desde la perspectiva del daño, el miedo y el temor, promoviendo la abstinencia para quienes no lo han hecho e insistiendo en la cesación para quienes lo están haciendo. Esto, en el fondo, sigue siendo prohibición.
Este monopolio errado de la interpretación del fenómeno de las drogas se ha dado porque: 1) imponen el punto de vista del médico sobre la opinión de las personas consumidoras, sin tener en cuenta su interpretación del fenómeno para el diagnóstico; siempre han pensado que las personas consumidoras son“interdictas” que no pueden decidir por sí mismas y alguien debe hacerlo por ellas. 2) La abstinencia es la única opción, ya sea desde la prevención o desde la mal llamada “rehabilitación”, no reconocen la posibilidad de que la mayoría de las personas consumidoras son funcionales y productivas individual y socialmente. 3) No reconoce la función social de las sustancias psicoactivas legales e ilegales a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea para el desarrollo de la personalidad, el placer, la creatividad, la sexualidad, la socialización, la funcionalidad o la cura de algún tipo de enfermedad física y mental.
Mientras que este tipo de enfoques salubristas y patologizantes sigan siendo predominantes en la interpretación del fenómeno de las drogas, seguirá existiendo el estigma, la persecución, el señalamiento y la criminalización. Es necesario transitar del enfoque de “salud pública” que sigue viendo a la persona consumidora como enferma (de mayor o menor intensidad, pero enferma en cualquier caso), a un enfoque en el que el consumo de drogas sea visto como un “fenómeno social” que reconoce que hay ventajas y desventajas que requieren una atención diferenciada para todos los tipos o niveles de consumo (experimental, recreativo, habitual, dependiente y problemático). Dejar atrás la prevención para enfocarnos en la educación, dejar de obligar a la mal llamada “rehabilitación” para buscar la funcionalidad. Este monopolio lo han venido perdiendo gracias a la legitimidad que la sociedad, la clase política, la academia, los medios de comunicación y las personas consumidoras le han venido dando a otras voces – que no solo vienen desde las ciencias humanas y sociales como la sociología, antropología, trabajo social, economía, historia, ciencia política -, sino también desde los saberes comunitarios, ancestrales y tradicionales que se han construido con la práctica y la tradición.
3. Faltaron varias cosas en el empalme.
Con mucho respeto, pero con toda claridad, hay que decirlo: no fue un buen empalme en materia de drogas. El documento presentado por el comité de empalme en drogas no fue un documento técnico de diagnóstico o propuestas estructuradas. Fue una retórica política de lugares comunes para plantear como única propuesta la creación de una Alta Consejería Presidencial para la Política de Drogas, algo que no es nuevo y ya lo vivimos en el gobierno de Andrés Pastrana. Durante el empalme, se creó una comisión transversal exclusiva para el tema de drogas que no recibió información directa de dos de las tres principales entidades relacionadas con el tema de drogas como fueron Ministerio de Salud y Ministerio de Defensa, y eso fue evidente en el documento final. Muchas entidades desconocieron esta comisión o hicieron empalmes paralelos a nivel ministerial.
Fue un empalme solo desde la perspectiva del cultivo y no del consumo o el tráfico, no recogió el inmenso volumen de evidencia técnica y estadística de reconocidos centros de pensamiento, academia, organizaciones sociales y activistas nacionales e internacionales que han documentado de manera clara el fracaso de la guerra contra las drogas en Colombia, y que además vienen desarrollando propuestas concretas para el cambio. No hubo pares consumidores, ni mesas con instituciones, universidades o pares académicos. Se evidenció un desconocimiento técnico de la estructura del Estado en materia de drogas. Es increíble que el documento de empalme del Ministerio de Salud no incluya en su narrativa la categoría “reducción de daños” o “mitigación” expuesta un sinnúmero de veces en las propuestas políticas del presidente Petro a lo largo de su campaña.
El Acuerdo de Paz de 2016 en materia de política de drogas es prohibicionista, insiste en la sustitución de cultivos como el camino y esto es un error demostrado, pues el Estado no tiene capacidad militar para garantizar la vida a los líderes y lideresas sociales que le apuesten a la sustitución y no hay billetera para subsidios, emprendimientos y solidaridad que pueda competir con la asistencia técnica y billetera ilegal del narcotráfico. ¿Dónde quedaron las sustancias psicoactivas legales? Ni una sola mención al consumo de nicotina, que es la sustancia que más impacta financieramente el sistema de salud, o al consumo de alcohol que es la sustancia que más afecta los indicadores de alto impacto social y convivencia como riñas, lesiones personales, homicidios, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, etc. Estas dos sustancias juntas generan ingresos al Estado por cerca de tres billones de pesos al año en impuestos. Sin embargo, el empalme no planteó una sola acción para gestionar los impactos que estas tienen en la sociedad.
Pese a los anuncios, no fue un empalme amplio, participativo e incluyente. Da la impresión que fue la “exclusión de los excluidos”, algo que no solamente tiene en alerta a quienes hemos venido trabajando a lo largo de los años en estas reformas en Colombia, sino también a la comunidad internacional institucional y de las organizaciones de la sociedad civil que empiezan a tomar con precaución este rumbo que se marca en las reformas esperadas. El informe de empalme no contiene un conjunto de acciones que concreten reformas orientadas por el presidente y las entidades misionales con competencia sobre la política de drogas. La propuesta de una Alta Consejería en Drogas está en vilo ante el anuncio de reducir estas instancias en la Presidencia. El documento final fue publicado sin una lectura y aprobación previa de muchas de las personas que aparecen como participantes del empalme, lo cual es, además de todo lo anterior, descortés.
4. La proliferación de propuestas legislativas en la disputa por el reconocimiento político.
En el cuatrienio anterior los proyectos de ley de regulación más significativos fueron los de Gustavo Bolívar y Juan Carlos Losada sobre cannabis para uso adulto, y el proyecto de Iván Marulanda de regulación de cocaína. Ahora deben agregarse propuestas como las de Jorge Benedetti sobre reducción de daños, la de Daniel Carvalho sobre regulación desde las libertades individuales y los proyectos de ley de regulación de dispositivos electrónicos de nicotina, además de otros proyectos anunciados sobre el tema, pero no presentados aún por congresistas como Alejandro Ocampo, Carlos Ardila y Khaterine Miranda. Ahora que el tema está de moda y el costo político es mínimo, todos se quieren montar en el bus de las reformas.
La ley de cannabis medicinal “Juan Manuel Galán” fue innecesaria y ahora parece que vamos por el mismo camino. La disputa por el ego y la carrera política de antiguos y nuevos parlamentarios puede llegar a entorpecer el avance, no se vislumbra un líder capaz de integrar, como tampoco se ve el liderazgo de alguien en el gobierno que pueda articular, unir y tirar para el mismo lado.
Aunque Bolívar y Losada ya enviaron un mensaje de unidad y de apoyo mutuo para sacar adelante sus propuestas, falta mucho para articular y unificar todo el volumen de propuestas legislativas para la reforma de las políticas de drogas. Mientras congresistas y gobierno no se pongan de acuerdo en las prioridades en materia de política de drogas, se nos pueden ir los cuatro años. En el año 2018 se creó la Coalición Interpartidista para la Reforma de las Políticas de Drogas en el Congreso de la República y es hora que esta se reactive, coordine, priorice y unifique. Que proliferen propuestas no es necesariamente una amenaza, por el contrario, demuestra el interés de muchos por subirse al tren del cambio, pero si no se ponen de acuerdo y orden las ideas, es posible que no se puedan materializar.
5. El miedo a la crítica y autocrítica
El fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y populares, y la tolerancia a la crítica por parte de los gobiernos de izquierda en América latina no han sido las mejores. El gobierno de AMLO eliminó el apoyo económico a las organizaciones sociales y ONG, generando una resistencia en ellas. Evo Morales cooptó a la mayoría de las organizaciones de base y se quedó sin quién lo defendiera ante el golpe de Estado. Y en Chile no hay quién haga una veeduría crítica de Boric más allá de la derecha. En Colombia, se empieza a percibir un temor de la crítica política y técnica por diferentes motivos que están dejando avanzar informes, como el de los empalmes, sin mayor reflexión crítica sobre lo que estamos viendo.
El Gobierno nacional, el Congreso, los funcionarios públicos y la sociedad en general debe entender que la reflexión crítica sobre las propuestas que estamos viendo tienen como objetivo mejorar, ajustar y potenciar las propuestas de reforma de política de drogas y no detenerlas. La izquierda, como la academia, tienen el valor de la contradicción y la tensión para crecer en sus propuestas. Hay que ser humildes para reconocer la trayectoria y experiencia de muchas organizaciones que han podido sacar propuestas de reforma adelante pese a los gobiernos de derecha prohibicionistas. Las comunidades campesinas y cultivadoras han sido engañadas durante décadas con estrategias de sustitución de cultivos y erradicación, las cuáles en ocasiones quieren perpetuar o dar continuidad, pero no es desde ellos donde se han originado las propuestas de regulación o legalización de mercados. Hay que convocar a todos los actores al dialogo y la construcción.
En conclusión, la potencia del discurso de Petro se puede diluir entre la burocracia atornillada, el enfoque de la enfermedad, las deficiencias técnicas y participativas del empalme, la proliferación de propuestas que buscan protagonismo y el miedo a la crítica por parte de los diferentes sectores que han impulsado la reforma de las políticas de drogas desde hace años antes que Petro, y que seguramente lo seguirán haciendo después de él.
Identificadas y descritas las anteriores amenazas, y debilidades, es importante señalar también oportunidades y fortalezas. Por ejemplo, la posibilidad renovada de unir a otros gobiernos frente al tema, especialmente latinoamericanos; la disponibilidad de información técnica en la materia; el creciente consenso frente a los pobres resultados de las políticas hasta ahora adelantadas y de los atractivos potenciales que ofrece su reforma; y las experiencias positivas de regulación en otros países, el empoderamiento de las personas consumidoras y cultivadoras para movilizarse por una reforma, la pérdida del tabú para hablar de regulación de marihuana y hasta de cocaína, entre otras. Contamos con una miles de emprendedores que le apostaron al cannabis medicinal pese al bloqueo del anterior gobierno; ellos cuentan con datos y experiencia que daríanclaridad operativa para las apuestas productivas con sustancias psicoactivas, y así dejar de sacar conjeturas del negocio a partir de burbujas especulativas basadas en el mercado ilegal.
Ahora, la principal oportunidad es la anunciada intención del gobierno Petro para impulsar esta agenda. Para aprovecharla al máximo, continuaremos involucrados activa y estratégicamente en el debate, buscando facilitar herramientas y advertir sobre posibles obstáculos. En un par de meses se abre la convocatoria para construir la agenda de la reunión anual de la CND (Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas), en el mes de marzo de 2023, donde esperamos que sea el presidente Gustavo Petro quién lidere la delegación, haciendo un llamado a las naciones para cambiar las convenciones y empezar a materializar esa reforma en las políticas de drogas que ha anunciado. Poner el tema como prioritario en la agenda de la OEA también será fundamental para el apoyo regional que busca. Colombia, la región y el mundo estaba esperando un líder con esta iniciativa y legitimidad para impulsar la reforma, ahora hay que materializarla.
Si bien ya se agotó el proceso de empalme, todavía falta por agotarse una etapa crucial para el Gobierno Petro: el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los principales instrumentos de política pues se expide mediante ley y marca la hoja de ruta del Gobierno durante los próximos cuatro años. Más allá de las justificaciones que fundamentan el cambio de enfoque en la política, los nuevos equipos de diferentes Ministerios y autoridades administrativas podrán aprovechar este amplio documento, para trazar el rumbo hasta 2026 y hacer modificaciones con rango de ley que puedan disminuir las amenazas aquí señaladas. Para esta etapa y todo el proceso estaremos atentos a continuar participando y aportando como en los últimos 15 años, para lograr lo que siempre hemos querido, que es convivir en paz con las drogas.