Así se rajó la administración de Peñalosa en su política de drogas

Una reflexión crítica, desacalorada y propositiva sobre lo que ha pasado en Bogotá en el tema de drogas y cómo puede enderezar su camino antes de que sea irreversible.

Por: Julián Quintero[2]
Investigador Corporación ATS

Como es normal cada cuatro años que cambia una administración, el proceso de transición es lento y complejo, mucho más cuando se cambió de una orientación de izquierda que había logrado impregnarle un carácter social a la administración distrital, y de paso tener una aguerrida y aceitada burocracia, para pasar a una administración que importó talentos jóvenes sin experiencia, priorizando la infraestructura, la movilidad, con una fórmula de distanciamiento absoluto del lumpen proletario que, a su entender, le precedía.

No queremos caer en la facilista polarización para tomar partido y quien quiera capitalizar nuestro punto de vista para argumentar posiciones radicales, simplemente no entendió lo que estamos diciendo. Queremos aportar una reflexión crítica desde nuestra experiencia como sociedad civil, innovadora y de vanguardia en el abordaje del consumo de drogas en Colombia y en el continente.

Siendo conscientes de esta transición, nos tomamos nuestro tiempo, en espera del cierre de procesos anteriores, la contratación de nuevos equipos de trabajo -cada torero llega con su cuadrilla-, la priorización de las acciones y para que se presentara una línea clara sobre el enfoque en el abordaje del tema de drogas a nivel distrital: no obstante, y después de ocho meses de espera, -más que suficiente- no conocemos aún el enfoque en el tema de drogas del distrito, simplemente porque no lo tiene; no podemos decir que una serie de acciones desarticuladas, inmediatistas y sin planeación puedan responder a un enfoque coherente para abordar el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la capital.

Para nosotros, lo que muchos llaman falta de planeación, puede serlo en parte, pero es más falta de un cambio de enfoque en la lectura del fenómeno. Como bien lo dijo Eistein “Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”, si durante los últimos 40 años de política de drogas fracasadas, la única oferta ha sido persecución policía, cárcel, desplazamiento, medicalización, exclusión y tratamiento solo para la abstinencia, es muy difícil que el distrito, repitiendo este modelo quiera tener resultados diferentes. Para darles un ejemplo, los analistas de la política de drogas llamaron “Efecto Globo”[3] al desplazamiento de los cultivos de coca de Colombia para Perú cuando más arreció la lucha antidrogas en Colombia. Los cultivos nunca descendieron, por el contrario aumentaron, simplemente se desplazaron. Ahí tienen un ejemplo del mismo fenómeno a pequeña escala en el mismo tema de drogas en el centro de la ciudad de Bogotá.

Nos resistíamos a pensar que frente al volumen de evidencia, las tendencias internacionales y el posicionamiento de Bogotá como vanguardia nacional e internacional en el tema de drogas, la administración de la “Bogotá mejor para todos”, presentada como altamente técnica, siga por un rumbo contrario al que el mundo está probando y que está dando resultados positivos. Sabemos que al interior de la administración hay gente joven con capacidad de dar el salto y asumir el liderazgo, que saben acerca de drogas, pero que temen a la tecnocracia convencional de los altos mandos, cuyas orientaciones ya no conectan con una ciudadanía digital, nuevos enfoques y discursos mediáticos que imponen las tendencias del debate.

Los principales errores en la política de drogas de Bogotá

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En el año 2011 se firmó la Política Pública para la Atención y Prevención del Consumo y la vinculación a la oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá DC[4] bajo el acuerdo Nro. 691 de 2011. Esta política, construida con la participación de 22.756 personas de 20 localidades, recoge los nuevos enfoques en el abordaje del consumo de SPA, como por ejemplo la priorización de la prevención y el uso del tiempo libre en los niños, niñas y adolescentes; la participación de los consumidores en el diseño de planes y programas; la búsqueda de tratamientos alternativos; la actualización en conocimiento y construcción de capacidad de respuesta; el enfoque de reducción de riesgos y daños, entre otros aspectos. Esta política aterriza al nivel local y de manera muy acertada la Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA y su impacto del año 2007, considerada una de las más avanzadas y progresistas del conteniente.

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país 2014 – 2018”, en su Estrategia 5.5. Prevención y atención del consumo problemático de drogas desde la perspectiva de salud pública indica qué:

  • En el ámbito de tratamiento se mejorará la oferta, el acceso, la oportunidad y la calidad de la prestación de servicios de atención a los consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas.
  • Reducción de riesgos y daños con el fin de prevenir las afectaciones de los consumidores de sustancias psicoactivas que no tienen la voluntad o la capacidad para dejar el uso de drogas[5].
  • Implementación programas sólidos de mitigación del daño asociado al consumo problemático, tales como el intercambio de jeringas y los tratamientos con medicamentos que reducen la dependencia.[6]

Así como en su momento se lo hicimos saber al Comité Técnico de Estupefacientes en carta radicada el 8 de junio de 2016,

“sugerimos tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo contemplado en el Artículo 151 de la Constitución Política de Colombia como Ley Orgánica, se constituye como un parámetro de análisis de constitucionalidad para la revisión de normas de inferior jerarquía, como los planes de desarrollo territoriales, pudiendo ser retiradas del ordenamiento jurídico todas aquellas disposiciones que no estén acorde a esta norma superior, al ser estas reconocidas como parte integrante del Bloque de Constitucionalidad; en este sentido, el Plan Distrital de Desarrollo al momento de su proyección y ejecución deberá tener en cuenta los lineamientos que desde Plan Nacional de Desarrollo se establezcan, a fin de que las políticas distritales sean coherentes con la política del gobierno Nacional de conformidad con el articulo 32 de la Ley 152 de 1994, constituyéndose este de obligatorio acatamiento por parte de las entidades territoriales.”

Es fácil detectar el discreto pero muy contundente silencio de los Ministerios de Salud y de Justicia frente a las acciones en política de drogas del Distrito. Que el presidente salga a recorrer las sucias calles del Bronx días después de su intervención, no quiere decir que los Ministerios (quienes son los reales responsables de la política de drogas) estén de acuerdo con lo que se está haciendo o aprueben los recurrentes desplantes a la hora de consultar por las acciones que se están emprendiendo.

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Las políticas públicas de drogas a nivel distrital deberían estar orientadas desde el Comité Distrital de Estupefacientes, el cual tiene como cabeza al señor Alcalde. Este Comité, a su vez, tiene una secretaria técnica que recae sobre la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá; esté comité debió ser el encargado de incluir el tema de drogas en el Plan de Desarrollo, donde el tema brilla por su ausencia[7]. Pero esta instancia técnica se ha dedicado durante ocho meses a revisar, suspender y criticar las acciones de la administración anterior sin ningún tipo de propuesta.

A la fecha el comité de estupefacientes no tiene un plan de acción, los delegados de la secretaría de salud están sin contrato por segunda o tercera vez en el año, no se sabe cuáles son las prioridades o las acciones que emprenderá a la luz de la política distrital, la política nacional y el plan de desarrollo. Esta situación se da principalmente por la falta de liderazgo, visión y capacidad técnica de quien debería dinamizarlos desde la secretaria de salud. Además de esto la incapacidad administrativa para la contratación de profesionales, -contratos por dos o tres meses- interinidad y falta de liderazgo. Palabras más, palabras menos, no hay plan de acción, no hay ruta, no hay enfoque, no hay nada.

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Desde la campaña a la alcaldía, la política en Bogotá se personalizó y a la vez se polarizó; así como Peñalosa hizo campaña haciendo énfasis en los errores de Petro, ahora Petro hace campaña presidencial parándose en los desatinos de Peñalosa. Este odio político, ideológico y hasta de clase, llevo a que la administración de Peñalosa creyera que todo lo que había ocurrido en la administración de Petro en tema de drogas, era obra y gracia de la lucidez de Petro y no de una construcción de país, desconociendo que más bien responde a nuevas dinámicas, donde estaban involucrados los Ministerios de Justicia, de Salud, la cooperación internacional, la sociedad civil colombiana, la academia, los consumidores, etc.

Debemos reconocer que, contrario a la mayoría de políticos, a Petro en vez de empujarlo había que atajarlo en temas de drogas, y su necesidad de controversia política no permitió madurar buenas ideas. Varias ideas en trámite las quemó al usarlas para atacar a sus opositores políticos, como en el caso del suministro de cannabis medicinal o la expansión de los CAMAD, en su pelea política con el procurador.

Desde ATS, se ha venido trabajando directa e indirecta en ideas innovadoras para el abordaje del consumo de drogas con administraciones anteriores a la de Gustavo Petro, muchas de ellas fueron potenciadas por su administración, desde los técnicos y los profesionales que aun están pero no han dejado trabajar. Las unidades móviles de atención en reducción de daños en consumo de drogas para habitantes de calle (llamadas CAMAD) iniciaron en sesiones de debate en el CEACS (Centro de Estudios en Convivencia y Seguridad) a principios del 2012, pero en las administraciones anteriores ya existían unidades móviles para atención en salud y habitantes de calle llamadas UBAS (Unidades Básicas de Atención). Si usted levanta la calcomanía que dice CAMAD, en varias de estas unidades encontrará el logo de UBA.

El Programa de reducción de riesgos para consumo de drogas en espacios de fiesta “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza” nació en 2009 con recursos del Ministerio de Salud y apoyado por Energy Control de España. Los programas de acceso a material higiénico de inyección iniciaron con apoyo técnico y recursos de la cooperación internacional (Open Society Foundations) desde 2013, y solo en 2015 se vinculó el Distrito. Los programas de consumo y dispensación responsable de alcohol vienen desde el año 2011 cuando era alcaldesa de Chapinero Blanca Inés Duran, siguiendo lineamientos del Ministerio de Salud.

Haber pensado que fue el protagonismo político de Petro el que puso a Bogotá a la vanguardia del tema de drogas, no le permitió a Peñalosa recoger lo cultivado por la administración anterior de la mano con un sinnúmero de actores que aún esperan invitaciones para seguir trabajando. Somos pocos los que no perdemos la esperanza de que se rectifique el camino, pero es mucho el espacio a nivel internacional que se está perdiendo por esta miopía técnica y mesianismo político de salvar a Bogotá, con las mismas estrategias de hace 20 años. Esta postura está dejando en el olvido los insumos aportados por las dos semanas psicoactivas[8] realizadas en 2014 y 2015 con pertinentes evidencias para las situación que vive la ciudad ahora.

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La intervención del Bronx tuvo tres grandes errores para nosotros; el primero, dejarse llevar por la agenda que marcan los medios de comunicación (fueron los niños del Bronx los que presionaron para adelantar la intervención[9], para luego imponerse la necesidad de morbo y amarillismo de los medios); el segundo error, fue la falta de planeación, articulación y capacidad de respuesta institucional para la intervención y el tercer error, fue la incapacidad analítica del fenómeno para brindar respuestas innovadoras en el abordaje al consumo de sustancias que no se redujeran al policía, el desplazamiento y la abstinencia como se ha hecho de manera equivocada en los útimos 4 años.

Nadie puede negar que la intervención al Bronx debía realizarse para quitarle ese control a las mafias, en eso estuvo acertado Daniel Mejía el Secretario de Seguridad; no obstante, la continuidad del proceso con la población una vez se atacó la mafia, debería estar a cargo de la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud cuyas estrategias no han sido adecuadas, se han quedado cortas y no han podido persuadir a los habitantes de calle consumidores.

La falta de planeación, insuficiencia técnica, temor en la adopción de nuevos enfoques y desconocimiento de la realidad del consumo, llevó al distrito a pensar que con ofertar un asistencialismo básico (cama, comida, ropa y duchas) era suficiente. La intervención fue en seguridad y atención asistencial básica, nunca fue una intervención que reinterpretara la función social de la población, ni su intervención terapéutica; una tradicional y desgastada solución a la adicción basada en la abstinencia, sin oportunidades de integración aterrizadas al contexto.

En la intervención llevada a cabo, se destaca el trabajo de la Secretaria de Seguridad, se evidencia el corto alcance de las estrategias de la Secretaria de Integración Social; pero, ¿dónde está el trabajo de la Secretaria de Salud, cuando el consumo de drogas se reconoce como un problema de salud pública?, y cuando el Plan Nacional de Desarrollo mencionado anteriormente da orientaciones muy claras para el abordaje del fenómeno en esta población.

En el año 2014 desde la Corporación ATS se realizaron las gestiones para que cuatro altos funcionarios del Distrito conocieran la experiencia de Vancouver como un modelo de intervención integral a territorios de consumo. En Vancouver, así como en Toronto, Ámsterdam y Berna, tienen claro hace varias décadas que desplazar a los consumidores es el primer error, y por eso hacen intervenciones sobre el territorio de consumo, instalan en el centro del territorio salas de consumo supervisado; se permite el acceso a parafernalia de menor riesgo (jeringas, pipas); y luego, de manera radial, del centro hacia fuera, se van instalado otros servicios como atención en salud, habitación, opciones laborales, oferta educativa, opciones de desintoxicación, etc. El estado toma el control del consumo y del territorio. Fue después de este viaje que Jorge Rojas, el ex Secretario de Integración Social, llegó con la idea de “Ciudadela Humanidad”, cuya primera construcción fue Bacatá. Desconocer estos avances por parte de la nueva administración, creyendo que eran avances Petristas, nos hizo retrasar varias décadas en el modelo de intervención de alto impacto en consumo en habitabilidad de calle.

Y para no ir muy lejos, en Sao Paulo Brazil con un problema muy similar como el del Bronx, la municipalidad puso en marcha el programa “Brazos Abiertos” que es una intervención integral que da vivienda, trabajo de 8 a 15 horas a la semana como barrer la calle, cortar pelo y otros oficios, brindado además 3 comidas al día. Evidencias preliminares indican que se ha logrado mejorar la calidad de vida de los consumidores, al igual que la convivencia, la reintegración familiar y la seguridad han mejorado.

Desde junio del año 2015, la Secretaria de Salud había venido trabajando de manera juiciosa en la búsqueda de alternativas al consumo de bazuco: se realizaron tres reuniones entre expertos, sociedad civil y la administración distrital con el acompañamiento de los Ministerio de Salud y de Justicia, para la creación de centros de consumo supervisado, con interesantes avances jurídicos al respecto. La Secretaría de Salud tiene en sus manos dos módulos de trabajo para el uso de cannabis como alternativa de tratamiento al consumo de bazuco.

Hasta el 22 de junio de este año la corporación ATS desarrolló un convenio con la Secretaría de Salud, donde con la participación de habitantes de calle usuarios de bazuco se caracterizó el consumo, se analizaron muestras de bazuco, se analizaron pipas de fumado y se construyó el camino para tener parafernalia de menor riesgo y menor toxicidad (pipas). Este proyecto ha continuado con el apoyo de ingeniería y prototipado SENA y la Universidad Nacional, proyecto que ahora los tomadores de decisión de la nueva administración no conocen o desconocen voluntariamente[10].

En la coyuntura actual, los habitantes de calle consumidores de drogas, están pidiendo un lugar donde los dejen consumir tranquilos; presos de la adicción y profesionales de la manipulación, saben perfectamente que llorar con dolor frente a las cámaras[11], les permitirá la atención que tanto han querido, y de paso la dosificación gratuita por parte de las mafias, generando así impactos políticos que otros capitalizan perfectamente. Mientras tomadores de decisiones y técnicos obstinados siguen insistiendo en la abstinencia y la confinación[12].

La propuesta para el abordaje del consumo de bazuco en Bogotá tiene varios años de madurez y suficiente evidencia nacional e internacional que pueden ser contextualizadas, en primer lugar las intervenciones del territorio para el control del consumo a través de zonas de consumo supervisado[13]; atención integral humanitaria, en salud y de rehabilitación en las zonas de consumo[14]; la construcción y suministro de parafernalia de menor riesgo para el consumo de bazuco[15] y la fabricación participativa con habitantes de calle de pipas de bazuco para la reducción de daños; el uso de cannabis como terapia alternativa al tratamiento de bazuco[16] y el tratamiento a la adicción del bazuco apoyado en infusiones de coca de alta potencia y acompañamiento psicosocial[17], actualmente en proceso de consultas con la nueva administración, son solo algunas de las evidencias más recientes en el tema de drogas que pueden ser estudiadas.

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Gracias a la fuerza de la sociedad civil, la Asamblea Especial de las Naciones Unidas para el tema de drogas UNGASS 2016, se adelantó del año 2019 al 2016; con esta fuerza, el pasado mes de abril el presidente Juan Manuel Santos siguió abriendo el debate acerca de una nueva política de drogas y fue el único mandatario en hablar de reducción de daños[18], sugiriendo así un liderazgo en temas de reforma, como por ejemplo, poner en el centro del asunto al individuo, avanzar en el enfoque de salud pública, y la articulación con el pos conflicto, para poder pensar en el tema de drogas de otra manera.

En el tema de drogas, la sociedad civil a nivel mundial se articula en dos grandes plataformas: IDPC (Consorcio Internacional de Política de drogas)[19], y en NYNGOC (Comité de ONGs de Nueva York contra la Droga)[20] que también tiene su versión en Viena. Ambas plataformas reúnen a más de 200 organizaciones de todo el mundo y son las grandes protagonistas en el acelerado cambio de políticas de drogas en los últimos 15 años. Estas plataformas, así como el nivel consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones (ECOSOC)[21], y la reciente Coalición Pro-reforma de Políticas de drogas en Colombia, empiezan a manifestar con mucha preocupación sus inquietudes sobre lo que está pasando en Bogotá[22] respecto a las actuales políticas de drogas del distrito. Así como estas plataformas han sido un fuerte aliado de la nación y la sociedad civil en temas de reforma de política de drogas, también se han convertido en unos críticos contundentes frente a enfoques obsoletos, bloqueando política, técnica y financieramente el desarrollo de muchas iniciativas.

Vemos como, por ejemplo, los Ministerios de Justicia y de Salud avanzan en la implementación de programas de reducción de daños para personas que usan drogas inyectadas a nivel nacional, mientras que el distrito desde el 22 de junio, dejó de apoyar la la continuidad del único programa de este tipo en Bogotá, que ha necesitado más de dos años para madurar. Así mismo, mientras los Ministerios de Justicia, Salud y Agricultura sacan adelante la ley para el uso medicinal del cannabis, y ahora la ley de coca, pensando en posconflicto, en Bogotá se sigue jugando a los policías y ladrones, siguiéndole el juego a los medios de comunicación, volcando la atención sobre 400 habitantes de calle (cuando son más de 8.000), para pasar por alto las reformas estructurales que son necesarias, sin despertar debate alguno.

Por último, en el posconflicto, como ya los hemos venido diciendo desde hace un par de años[23] , el tráfico de cocaína ilegal se puede convertir en la continuación del conflicto y en la amenaza de una paz duradera y sostenible. Como ocurrió con muchos paramilitares rasos, el microtráfico y el consumo se convertirán en opciones en su desarme. Convertir un problema de salud pública en un problema de seguridad distrital con impacto ciudadano, no es una buena experiencia ad portas de recibir muchas personas que en el posconflicto, tomaran esta salida y requieren opciones novedosas para su contención.

Varios errores más que le ponen las cerezas al pastel.

Poner sobre la mesa los tratamientos obligatorios para los consumidores, no solo va en contravía de las alternativas en tratamiento del si XXI, los derechos humanos, el Plan Nacional de Desarrollo y la Corte Constitucional, sino que nos ponen al mismo nivel de China, Philipinas y muchos países árabes donde el consumo y el tráfico se paga con años de cárcel o la muerte. Mientras en Cali se lanza “Cali 24 horas” teniendo como eje fundamental la rumba extendida, de cara el turismo del posconflicto, contando con la visita del alcalde nocturno de Amsterdan y observadores de BID; en Bogotá eliminaron la extensión horaria de rumba, permitiendo un espacio para la corrupción policial, la propagación de los amanecederos y antros, el surgimiento de clubes como fachadas y promoviendo las peligrosas aglomeraciones de las 3:00 de la mañana, que son el caldo de cultivo de paseos millonarios, riñas y accidentes en la movilidad.

El abandono de los de programas en consumo y dispensación responsable de alcohol, así como los programas de reducción de riesgos en consumo de drogas recreativas[24], le dan la espalda una vez a más al 90% de los consumidores de sustancias psicoactivas que según UNODC (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) no tiene problemas por el consumo de sustancias. Este abandono aumenta las posibilidades del tránsito de los consumidores recreativos a consumos problemáticos, así como el aumento de las intoxicaciones y las consecuencias sobre la convivencia y la movilidad.

Los problemas de barras futboleras y el turismo que busca consumo de drogas (desde hostales hasta hoteles de lujo) siguen sin recibir la atención que se merecen. El tema de los jóvenes y el futbol aunque solo es visible cuando hay movilizaciones con licor, drogas o muertos, sigue fuera de control y sin atención de ninguna autoridad. El tema de los turistas se está convirtiendo en un problema de seguridad y salud pública asociado al comercio sexual. No hay propuestas concretas para su abordaje y seguramente la prevención prohibicionista no tendrá ningún efecto.

Qué sugerimos que haga la Administración Distrital para enderezar el camino.

Como se puede leer, no es un asunto de falta de opciones o evidencias, es un asunto de enfoque y voluntad política, problemas que se puede superar con el concurso de todos los actores involucrados y retomando el liderazgo que tenía Bogotá en el abordaje al consumo de Sustancias Psicoactivas legales e ilegales.

  • Convocar a la sociedad civil nacional e internacional para trabajar y debatir sobre las políticas de drogas de cara a la innovación y los nuevos enfoques.
  • Aprovechar el lugar de reconocimiento mundial en políticas de drogas innovadoras que tiene Bogotá, enderezar el camino.
  • Realizar de manera urgente un debate académico y científico sobre alternativas al tratamiento de la adicción al bazuco, basado en la evidencia y de manera integral.
  • Hacer un revolcón en la Secretaria de Salud en el tema de drogas y retomar el liderazgo de su participación en el tema.
  • Aplicar los protocolos de uso de cannabis y el uso de hojas de coca como una de las terapias alternativas para el tratamiento de bazuco.
  • Retomar los proyectos de reducción de riesgos y de información para la autogestión de los riesgos para consumidores recreativos de SPA legales e ilegales.
  • Acelerar la revisión y aprobación del Plan de Acción Pública de drogas de Bogotá
  • Retomar procesos y generar nuevas estrategias conjuntas de trabajo con el Ministerio de Justicia y el Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperación internacional, con enfoque de salud pública y derechos de cara al posconflicto.

[1] La Corporación ATS (Acción Técnica Social) desde el año 2008 viene desarrollando proyectos con énfasis en reducción de riesgos y daños, varios de los temas y proyectos aquí mencionados se han tratado o han estado incluidos en convenios con las últimas administraciones de Bogotá (Samuel Moreno, Clara López, Gustavo Petro, Enrique Peñalosa).

[2] Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, master en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. 20 años de experiencia en temas sociales y 10 años de experiencia en temas drogas con énfasis en reducción de riesgo y daños. Participó en la construcción de las Políticas Nacional y Distrital de consumo de drogas.

[3] http://www.globalcommissionondrugs.org

[4]http://www.saludcapital.gov.co

[5] Entonces, si los habitantes de calle consumidores de bazuco no tienen voluntad para entrar a un tratamiento, el Plan Nacional de Desarrollo dice claramente que las estrategias de abordaje son de reducción de riesgo y daño, y no de tratamiento obligatorio como pretenden imponerlo.

[6] El Plan de Desarrollo dice que la atención a personas que usan drogas inyectadas es suministrar jeringas para la mitigación de daños y permitir tratamientos con medicamentos (como metadona); sin embargo, el gobierno distrital cancelo el apoyo al único programa de jeringas en la ciudad y permite que el turno para el ingreso al Hospital Santa Clara, el acceso a metadona o a un tratamiento, tarden más de seis meses.

[7] http://www.ipes.gov.co

[8] http://www.semanapsicoactivabogota.com/memorias/

[9] http://corporacion-ats.com/ats2015/de-farra-en-el-bronx-y-chukilandia/

[10] http://corporacion-ats.com/ats2015/investigacion-y-accion-participativa-con-la-poblacion-consumidora-de-bazuco-de-bogota/

[11] Drogas , cultura y medios. https://www.acciontecnicasocial.com/drogas-y-cultura-de-medios/

[12] ¿Una Solución estética para reparar una realidad social? https://www.acciontecnicasocial.com/una-solucion-estetica-para-reparar-una-realidad-social/

[13] http://supervisedinjection.vch.ca Proyecto Insite en Vancouver.

[14] Atención y manejo para el consumo de drogas en Bogotá. Alternativas al consumo de bazuco. http://www.semanapsicoactivabogota.com/atencion-y-manejo-para-el-consumo-de-drogas/

[15] Parafernalia limpia para el consumo de drogas y su impacto en los consumidores. http://www.semanapsicoactivabogota.com/acceso-a-parafernalia-limpia-para-el-consumo-de-drogas-y-su-impacto-en-la-salud-de-los-consumidores/

[16] Cannabis como terapia alternativa al consumo de bazuco y otras drogas. http://www.semanapsicoactivabogota.com/cannabis-como-terapia-alternativa-al-consumo-de-bazuco-y-otras-drogas/

[17] Juan Daniel Gómez. Doctorado Dr.Phil (Énfasis en Psicología Clínica, Neuropsicología, Psicobiología, Neuroimágen Funcional, Etnología y Comunicación Intercultural): Ludwig-Maximilians Universität München, 2002/2005. Investigación. “Indicadores fisiológicos de la abstinencia de cocaína e indicadores fisiológicos de la atenuación de síntomas de abstinencia de cocaína usando hojas de coca”.

[18] http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/04/discurso-integro-de-juan-manuel-santos-en-la-ungass/#.V743jngR5EQ

[19] www.idpc.net

[20] www.nyngoc.org

[21] www.un.org/ecosoc/es/

[22] La Corporación ATS pertenece a IDPC, NYNGOC, a la Coalición y desde junio del año 2015 cuenta con el estatus consultivo especial ante el ECOSOC

[23] www.cocaregulada.com #CocaReguladaPazGarantizada proyecto para abrir el debate de la regulación del mercado de la cocaína para uso recreativo.

[24] Para el año 2016 se dejaron de intervenir 6 megafestivales y más de 30 pequeños conciertos y fiestas con un impacto directo aproximado de más de 35.000 personas. http://www.echelecabeza.com